Etiqueta: Violencia contra la mujer

  • EL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ Y LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y SEXUAL CONTRA CUERPOS FEMINIZADOS.

    EL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ Y LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y SEXUAL CONTRA CUERPOS FEMINIZADOS.

    La reciente vacancia del sillón presidencial, que ocupaba hasta hace poco Dina Boluarte, ha despertado inquietud en la sociedad civil y organizaciones pro derechos humanos. Para nosotros, este acontecimiento valida una cruda verdad: la crisis política peruana «tan solo perpetua la violencia contra las personas con apariencia feminizada» dentro de las estructuras del poder.

    El excongresista y actual presidente de la República del Perú  José Jerí Oré tomó provisionalmente las riendas presidenciales, aunque su investidura estuvo rodeada de polémica. El actual mandatario afronta serias imputaciones, desde enriquecimiento ilegítimo, hasta señalamientos de violación sexual.

    ¿Pero, quién es José Jerí? (De acuerdo con el portal BBC)

    La controversia sobre su persona ha recibido una amplia cobertura mediática internacional. En un reportaje, BBC News Mundo expone que la trayectoria política de José Jerí «se ha visto empañada por escándalos». Según BBC indica que Jerí enfrentó investigaciones por acusaciones de abuso sexual, sin embargo, el manifiesta que estas acusaciones fueron desestimadas por la fiscalía.
    Igualmente, se le imputan presuntos actos de corrupción, señalamientos que el susodicho ha descartado, tildandolos de campañas difamatorias. A pesar de ello, se supo que un tribunal decretó, como medida cautelar, que el excongresista siguiera un tratamiento psicológico; su reticencia a obedecer esta orden dio origen a una acusación por desacato a la autoridad.

    Un llamado Desde la Sociedad Civil

    Ante un contexto de inestabilidad política, sumado a las serias acusaciones en las esferas estatales superiores, varias organizaciones han llamado a la movilización ciudadana.

    Desde organizaciones como Casa Trans Zuleymi, hacemos un llamado a participar en las protestas programadas para el 15 de octubre, a nivel nacional, Al respecto, Alejandra Fang, directora de Casa Trans Zuleymi afirma: «el Perú no puede perpetuarse en la corrupción, el narcotráfico, ni la agresión sexual». Y añadió » se busca exigir un liderazgo moral y el fin de la impunidad, que ha sido la constante en los últimos gobiernos».

  • Criminalización de las Mujeres en Perú

    Preocupación en el Perú: Proyecto de Ley sobre Denuncias Falsas en Violencia Familiar Podría Revictimizar a Mujeres y Mujeres Trans

    El Proyecto de Ley (N° 11561/2024-CR) presentado por el congresista Alejandro Muñante Barrios, que busca penalizar las denuncias falsas en casos de violencia familiar, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas. Aunque el proyecto aduce querer «impartir una correcta justicia» y proteger a los «afectados» por acusaciones fraudulentas, existe una seria preocupación sobre cómo esta iniciativa podría impactar negativamente en la vida de mujeres y mujeres trans, principales víctimas de la violencia de género en el país.

    El proyecto, recibido en el Congreso el 12 de junio, propone incorporar el Artículo 402-A en el Código Penal para sancionar con penas de cárcel y multas a quienes formulen denuncias falsas de violencia familiar. Además, extiende la responsabilidad penal a profesionales como abogados, médicos y psicólogos que «simulen o adulteren documentos» en estos procesos. También busca modificar los artículos 15 y 21-A de la Ley N° 30364, conocida como la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, para establecer responsabilidades civiles y penales a denunciantes que «a sabiendas que contiene hechos falsos» presentan denuncias o solicitan su retiro.

    La justificación del congresista Muñante se centra en un supuesto «uso indebido» de la Ley N° 30364, que, según él, habría generado un incremento de «denuncias fraudulentas con ánimos y multas de venganza, manipulación o ventaja procesal», afectando la reputación de personas, «principalmente varones» . Sin embargo, esta narrativa ignora la persistente violencia estructural que enfrentan mujeres y mujeres trans en Perú.

    Organizaciones especializadas advierten que un enfoque punitivo hacia las denuncias podría tener un efecto amedrentador. Al criminalizar la «denuncia falsa», el proyecto corre el riesgo de disuadir a mujeres y mujeres trans que son verdaderas víctimas de violencia a presentar sus casos, por temor a ser acusadas y revictimizadas en un sistema judicial que ya les es adverso. Esto podría traducirse en un aumento del silencio y la impunidad para los agresores.

    El documento señala que «menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia», y que entre 2018 y julio de 2023, de más de 800,000 casos evaluados, solo se emitieron 354 sentencias. En lugar de cuestionar las deficiencias del sistema judicial en garantizar la justicia para las víctimas, el proyecto se enfoca en la supuesta falsedad de las denuncias, desviando la atención de la verdadera problemática de la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres.

    La propuesta legislativa afirma que la «sola palabra de una mujer es considerada una ‘presentencia’», lo cual desvirtúa la realidad de muchas víctimas que enfrentan escepticismo y revictimización al denunciar. Al poner el foco en la «denuncia falsa», se podría fomentar una desconfianza generalizada hacia todas las denuncias de violencia de género, llevando a un mayor escrutinio y dificultando la obtención de protección urgentes, cruciales para la seguridad de mujeres y mujeres trans.

    Expertos en género señalan que, lejos de corregir un problema, esta ley podría institucionalizar una «violencia legal contra el hombre”, pero en la práctica, su impacto recaería desproporcionadamente en las mujeres y mujeres trans, quienes ya son el grupo más vulnerable a la violencia y el principal usuario de estas leyes de protección. La iniciativa plantea una preocupación fundamental sobre cómo el Poder Judicial peruano y sus operadores, a los que el mismo proyecto atribuye «actitud cómplice o indiferente» , manejarán estas acusaciones, pudiendo generar un clima de mayor discriminación y obstaculizando aún más el acceso a una justicia efectiva para quienes realmente la necesitan, dejando en la oscuridad a las mujeres en su diversidad.