La pregunta no es retórica sino un diagnóstico breve y urgente de un cuerpo social que parece comerse a sí mismo. En los últimos años hemos visto como un fenómeno desgarrador: «Voces potentes y necesarias se apagan y no por la opresión del sistema cis heteronormativo, sino por el cáncer existente y la jerarquización tóxica dentro del propio movimiento.
En el Perú, la historia tiene antecedentes dolorosos que laceran el movimiento. Durante muchos años Activistas «Consagradxs» han operado bajo la lógica de la cancelación hacia quienes cuestionan el status quo interno. Recordemos el caso de Siannine Cris Ampudia una mujer trans que formó parte del movimiento trans pero que fue violentada por un grupo de personas de la comunidad LGTB de Lima porque su forma de pensar o su cuerpo no eran normativos, en su momento su voz fue vital para el movimiento pero que al final decidió dar un paso al costado por su bienestar emocional dejando la lucha que fortalece el movimiento pero sus convicciones no se apagaron sino que siguió articulando desde el silenciamiento, este accionar del movimiento se replico contra ella solo para mantener las cuotas de poder. Hoy ese mismo modus operandi se intenta realizar con quienes forman parte de Casa Trans Zuleymi.
El problema de fondo es la estructura en el cual se sostiene el movimiento TLGBQ+. Los liderazgos perpetuos son absolutamente nocivos para el movimiento, quienes se aferran por décadas al cargo en realidad no intentan romper el sistema sino que aspirar a ser parte del engranaje institucional. Se ha creado una alianza acrítica entre el activismo gay y trans, en lugar de buscar y conquistar derechos fundamentales se pretende «Vivir del activismo».
El resultado de años del activismo tradicional fue y es una arquitectura muy frágil, el movimiento social parece haberse cimentado sobre castillos de naipes y no sobre cimientos sólidos, por eso cuando enfrentamos una arremetida real de los antiderechos, la estructura tiembla y se cae. La prueba más ácida de este fracaso es la aprobación de leyes que patologizan a las personas trans, la eliminación del enfoque de género y la limitación del aborto terapéutico. Para el 2026 el panorama es aún más desolador puesto que existe la ausencia real de un activismo sólido y la división entre organizaciones de base comunitaria. Un surrealismo absoluto se teje sobre el movimiento de mujeres trans y gays que miran hacia los partidos de derechas como la «Luz» para salir de la precarización económica cuando históricamente las derechas han sido las que restan los derechos como por ejemplo la flexibilización laboral gracias a la constitución del 93 y que ahora en el 2025 no existe la estabilidad laboral. Si el activismo no llena la olla ni garantiza seguridad, el fascismo entra prometiendo orden.
Tras el cierre de USAID, el escenario se complica más puesto que el cierre del financiamiento internacional pone en la cuerda floja a organizaciones históricas como Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos dejando al borde la desaparición institucional. Estamos en un momento para repensar sobre cómo reformulamos la forma de hacer activismo, dejando de lado mezquindades y egos personales , aunque critiquemos viejas prácticas jerárquicas en tiempos fascistas nuestra respuesta debe ser no dejar caer a las pioneras sino acuerpar, proteger estos espacios son vitales porque gracias a ellas organizaciones de base comunitaria se sostienen.
Para finalizar, Alejandra Fang sostiene que: «Yo creo que el activismo tradicional si no se reforma innegablemente morirá, lo que nos toca es aprender a trabajar en colectividad dejando de lado egos individuales para que juntas construyamos el movimiento desde la honestidad, el respeto y el feminismo comunitario para tener el movimiento sólido o de lo contrario la próxima arremetida antiderecho nos agarrara sin financiamiento, sin voz y sin fuerza» sentenció Fang.
Lima, 20 de noviembre de 2025 —La Universidad Científica del Sur (UCSUR), con gran repercusión, realizó exitosamente su Tercer Congreso Tech & Law en la jornada de hoy un acontecimiento significativo orquestado por la Facultad de Derecho y Juztina. IA, la plataforma involucrada. El congreso funcionó como escaparate de un anuncio de gran envergadura que redefine el porvenir de la educación legal en nuestra nación.
Revelación Principal: La IA Incursionando en el Currículo de Derecho. El decano de la Facultad de Derecho, Andrés Dulanto, desvelo, con primicia, que la universidad incorporará la Inteligencia Artificial (IA) en el plan de estudios de la carrera de Derecho, sin dudar. Dicha resolución estratégica busca consolidar la formación y respaldo constante de los escribanos del mañana en el manejo de las herramientas tecnológicas que están revolucionando el ámbito legal, en concordancia con las corrientes globales de digitalización.
Abordando la Tecnofobia y el Contexto Legal Peruano. Oscar Montezuma de Niubox, también participo en el evento, explorando la problemática de la tecnofobia a nivel social. Montezuma, con vehemencia, refutó la noción persistente que la IA causaría desempleo; propuso en vez una óptica donde la IA, resulta ser, un compañero vital para la productividad profesional.
La importancia del congreso creció con la asistencia de instituciones peruanas gubernamentales, evidenciando la reciente aprobación de la Ley n° 31814, o sea, la ley que estimula el uso de la Inteligencia Artificial (IA) cosa que confirma la dedicación nacional hacia el progreso tecnológico regulado.
⚠️ Controversia Manifiesta: El Dilema de la Privacidad
Pese al éxito incontestable del congreso, una afirmación pronunciada por el abogado Oscar Sumar, durante su ponencia, causó asombro y desacuerdo generalizado. Sumar aseguró, textualmente, «La privacidad no debería ser un derecho, puesto que en los Estados Unidos se paga por ello.»
Esta declaración aparece extraordinariamente problemática, además pertinente al debate social. La consideración de transformar la privacidad en un objeto de intercambio comercial podría posibilitar, alarmantemente, la exacerbación de la extorsión, la delincuencia y el hackeo de cuentas y redes sociales, con el peligro de imaginar datos sensibles, como correos electrónicos y movimientos bancarios, a merced de ciberdelincuentes. El precedente de controversias, tales como la comercialización de datos personales orquestrada por plataformas digitales, caso Facebook, durante comicios previos, únicamente exacerba la inquietud relacionada con la protección de la información sensible en un escenario cada día más influenciado por la tecnología.
LIMA – La jornada de movilización pacífica convocada por varias organizaciones civiles el 15 de octubre en Lima, buscando nuevas elecciones y, también rechazando a un gobierno, que consideran “ilegítimo”, al no reflejar el voto popular, fue eclipsada por acto de violencia.
Durante el día, una multitud de manifestantes desfilaron, marcando el paso con tambores y chocalhos, proclamando la democracia en un ambiente mayoritariamente tranquilo. La protesta tenía como objetivo impulsar un cambio político, frente a la percepción de una ruptura del orden democrático.
POLICÍA TERNA ASESINA A CIVIL
No obstante, ya cayendo la noche, la situación escaló a la tragedia en los alrededores de Plaza Francia. Según denuncias de agrupaciones ciudadanas, un joven rapero llamado Eduardo Ruiz de San Martín de Porres y perteneciente al colectivo Amachaq Pacha fue asesinado a quemarropa por un agente de la Policía Nacional, vestido de civil (conocido como ‘policía terna’). El trágico suceso desató una marea de ira y rechazo tanto en manifestantes como en agrupaciones de derechos humanos, que denuncian brutalidad y el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de incógnito.
VIGILIA POR EL ASESINATO
Ante esta dolorosa situación, varias organizaciones civiles han lanzado un apremiante llamado a la población para hacer la vigilia hoy, 16 de octubre, en el hospital Loayza, en memoria del joven rapero y en oposición a la represión policíaca y la impunidad. El propósito de esta concentración es perseverar la exigencia de justicia y democracia.
Las autoridades aún no han comunicado formalmente detalles del incidente ni se ha nombrado al oficial implicado, no obstante, se prevé una investigación fiscal en breve para dilucidar las circunstancias de este asesinato.
La reciente vacancia del sillón presidencial, que ocupaba hasta hace poco Dina Boluarte, ha despertado inquietud en la sociedad civil y organizaciones pro derechos humanos. Para nosotros, este acontecimiento valida una cruda verdad: la crisis política peruana «tan solo perpetua la violencia contra las personas con apariencia feminizada» dentro de las estructuras del poder.
El excongresista y actual presidente de la República del Perú José Jerí Oré tomó provisionalmente las riendas presidenciales, aunque su investidura estuvo rodeada de polémica. El actual mandatario afronta serias imputaciones, desde enriquecimiento ilegítimo, hasta señalamientos de violación sexual.
¿Pero, quién es José Jerí? (De acuerdo con el portal BBC)
La controversia sobre su persona ha recibido una amplia cobertura mediática internacional. En un reportaje, BBC News Mundo expone que la trayectoria política de José Jerí «se ha visto empañada por escándalos». Según BBC indica que Jerí enfrentó investigaciones por acusaciones de abuso sexual, sin embargo, el manifiesta que estas acusaciones fueron desestimadas por la fiscalía. Igualmente, se le imputan presuntos actos de corrupción, señalamientos que el susodicho ha descartado, tildandolos de campañas difamatorias. A pesar de ello, se supo que un tribunal decretó, como medida cautelar, que el excongresista siguiera un tratamiento psicológico; su reticencia a obedecer esta orden dio origen a una acusación por desacato a la autoridad.
Un llamado Desde la Sociedad Civil
Ante un contexto de inestabilidad política, sumado a las serias acusaciones en las esferas estatales superiores, varias organizaciones han llamado a la movilización ciudadana.
Desde organizaciones como Casa Trans Zuleymi, hacemos un llamado a participar en las protestas programadas para el 15 de octubre, a nivel nacional, Al respecto, Alejandra Fang, directora de Casa Trans Zuleymi afirma: «el Perú no puede perpetuarse en la corrupción, el narcotráfico, ni la agresión sexual». Y añadió » se busca exigir un liderazgo moral y el fin de la impunidad, que ha sido la constante en los últimos gobiernos».
En el marco de las Fiestas Patrias, diversas colectivas feministas y de la diversidad sexual se movilizaron en el centro de Lima para expresar su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Bajo la consigna «Ninguna Mujer con Dina Asesina», lxs manifestantes levantaron sus voces para exigir un cambio de rumbo en las políticas del país y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
Entre las organizaciones presentes destacaron la Casa Trans Zuleymi y el Movimiento Manuela Ramos, quienes se unieron a otros grupos de la sociedad civil en una jornada de protesta que buscó visibilizar sus principales demandas. La marcha, que recorrió las principales arterias de la capital, estuvo marcada por cánticos, arengas y pancartas que reflejaban el descontento hacia la actual gestión de Boluarte.
Las principales exigencias de las mujeres y diversidades se centraron en tres puntos clave: la legalización del aborto, que buscan sea seguro y gratuito para todas las personas gestantes; el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad legítima que garantice derechos y protección a quienes lo ejercen; y la aprobación de una Ley de Identidad de Género, que permita a las personas trans el reconocimiento legal de su identidad autopercibida.
«No tenemos nada que celebrar en estas Fiestas Patrias con un gobierno que nos da la espalda y vulnera nuestros derechos», declaró Alejandra Fang Directora de Casa Trans Zuleymi. «Estamos aquí para recordarle a la señora Boluarte y al Congreso que nuestras vidas importan y que no descansaremos hasta conseguir justicia e igualdad para todas, todes y todos».
La presencia conjunta de colectivas como la Casa Trans Zuleymi, un espacio comunitario y empoderamiento para mujeres trans, y el Movimiento Manuela Ramos, una organización con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, simbolizó la unidad de las diversas luchas feministas y de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, aunque con un fuerte resguardo policial en los alrededores del Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Lxs manifestantes aseguraron que continuarán en las calles hasta que sus demandas sean escuchadas y se concreten en políticas públicas que garanticen una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres y diversidades en el país.
Ayer, sábado 28 de junio, Lima se transformó en un vibrante epicentro de celebración y reivindicación con la realización de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025. Decenas de miles de personas, superando las 50,000 estimadas, llenaron las calles de Jesús María en una jornada histórica que reafirmó la lucha por los derechos y la visibilidad de la comunidad, a pesar de las trabas burocráticas y la falta de apoyo municipal para el estrado principal.
A diferencia de años anteriores, donde la marcha solía culminar en el Cercado de Lima, esta edición tuvo un recorrido estratégico. La movilización partió a las 3:00 p.m. desde la Avenida La Peruanidad, en el Campo de Marte, Jesús María. Desde allí, el mar arcoíris avanzó por las avenidas Salaverry, San Felipe, Garzón y 28 de Julio, para luego regresar a la Avenida La Peruanidad. Esta ruta, aunque diferente a la tradicional Plaza San Martín, permitió que la marcha fuera vista por una audiencia aún mayor, llevando el mensaje de inclusión a nuevos rincones de la ciudad.
El Patriarcado Opresor Poniendo Obstáculos: Sin Estrado, pero con Voz Amplificada
A pesar de la masiva convocatoria y la colaboración con algunas entidades, la organización de la Marcha del Orgullo 2025 enfrentó importantes desafíos. Una de las principales dificultades fue la negativa de la Municipalidad de Jesús María para otorgar la autorización para la instalación del estrado principal en la Avenida La Peruanidad. Esto obligó a los organizadores a adaptar la logística del evento, lo que significó que las presentaciones y discursos se realizaron de manera más itinerante o con recursos alternativos, demostrando la capacidad de adaptación de la comunidad frente a la falta de apoyo oficial.
Asimismo, se reportaron trabas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima en ciertos aspectos logísticos y permisos, lo que generó frustración entre los organizadores. A pesar de estas dificultades, la perseverancia de la comunidad y sus aliados permitió que la marcha se desarrollara con éxito, evidenciando que la determinación por la igualdad puede superar barreras institucionales.
La jornada fue una explosión de color, música y creatividad. Carros alegóricos adornados, banderas arcoíris de todos los tamaños, disfraces elaborados y pancartas con mensajes potentes llenaron el ambiente de energía positiva. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y aliados de la comunidad se unieron en un espíritu de hermandad, demostrando la creciente aceptación y el apoyo a la diversidad en la sociedad peruana.
Hubo presentaciones artísticas que amenizaron la tarde, destacando la participación de talentos como Milena Warthon, ganadora de Viña del Mar, y la salsera Angie Chávez, quienes con su música amplificaron el mensaje de orgullo y resiliencia. El Colectivo Marcha del Orgullo Lima trabajó en estrecha coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad y el orden de la movilización, incluyendo desvíos vehiculares que permitieron el desarrollo fluido del evento.
Mujeres Trans en Resistencia contra Él Patriarcado Feroz
Más allá de la celebración, la Marcha del Orgullo 2025 fue un contundente recordatorio de las tareas pendientes en materia de derechos LGBTIQ+ en el Perú. Pancartas y cánticos exigieron la aprobación de leyes que combatan la discriminación, el reconocimiento del matrimonio igualitario o la unión civil, Una ley de género para las personas trans y la implementación de políticas públicas que aseguren la dignidad y protección de todas las personas.
Un aspecto destacado de la movilización fue la fuerte presencia y el liderazgo de organizaciones que trabajan directamente con las poblaciones más vulnerables de la comunidad. Casa Trans Zuleymi, por ejemplo, marchó con una delegación numerosa y visible, alzando la voz por los derechos de las personas trans y las trabajadoras sexuales, visibilizando sus demandas específicas de acceso a la salud, vivienda y seguridad. Su participación subrayó la interseccionalidad de las luchas y la necesidad de políticas inclusivas que atiendan las realidades de cada subgrupo dentro de la comunidad LGBTIQ+.
La presencia de congresistas y figuras públicas aliadas a la causa resaltó la importancia política del evento, que se da en un contexto donde, según activistas, existen amenazas de leyes discriminatorias. La congresista Susel Paredes, por ejemplo, enfatizó la necesidad de seguir luchando y la intención de presentar acciones de inconstitucionalidad contra normativas que afectan a la comunidad, como la ley que restringe el uso de baños a personas trans.
Lima fue solo una de las muchas ciudades en Perú que se tiñeron de arcoíris este 28 de junio. Ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Iquitos, Piura, Trujillo, entre otras, también realizaron sus propias marchas, demostrando el alcance nacional del movimiento y la creciente conciencia sobre la importancia de la diversidad.
El Orgullo Lima 2025 se cierra como una jornada memorable, no solo por su magnitud y el entusiasmo desbordante, sino por su potente mensaje: la existencia es resistencia, y la exigencia de justicia e igualdad es un compromiso que resuena con cada paso dado en la marcha. A pesar de los obstáculos institucionales, la comunidad LGBTIQ+ y sus aliados en el Perú siguen alzando la voz, recordándonos que el respeto, la libertad y el amor son derechos fundamentales para todos.
Preocupación en el Perú: Proyecto de Ley sobre Denuncias Falsas en Violencia Familiar Podría Revictimizar a Mujeres y Mujeres Trans
El Proyecto de Ley (N° 11561/2024-CR) presentado por el congresista Alejandro Muñante Barrios, que busca penalizar las denuncias falsas en casos de violencia familiar, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas. Aunque el proyecto aduce querer «impartir una correcta justicia» y proteger a los «afectados» por acusaciones fraudulentas, existe una seria preocupación sobre cómo esta iniciativa podría impactar negativamente en la vida de mujeres y mujeres trans, principales víctimas de la violencia de género en el país.
El proyecto, recibido en el Congreso el 12 de junio, propone incorporar el Artículo 402-A en el Código Penal para sancionar con penas de cárcel y multas a quienes formulen denuncias falsas de violencia familiar. Además, extiende la responsabilidad penal a profesionales como abogados, médicos y psicólogos que «simulen o adulteren documentos» en estos procesos. También busca modificar los artículos 15 y 21-A de la Ley N° 30364, conocida como la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, para establecer responsabilidades civiles y penales a denunciantes que «a sabiendas que contiene hechos falsos» presentan denuncias o solicitan su retiro.
La justificación del congresista Muñante se centra en un supuesto «uso indebido» de la Ley N° 30364, que, según él, habría generado un incremento de «denuncias fraudulentas con ánimos y multas de venganza, manipulación o ventaja procesal», afectando la reputación de personas, «principalmente varones» . Sin embargo, esta narrativa ignora la persistente violencia estructural que enfrentan mujeres y mujeres trans en Perú.
Organizaciones especializadas advierten que un enfoque punitivo hacia las denuncias podría tener un efecto amedrentador. Al criminalizar la «denuncia falsa», el proyecto corre el riesgo de disuadir a mujeres y mujeres trans que son verdaderas víctimas de violencia a presentar sus casos, por temor a ser acusadas y revictimizadas en un sistema judicial que ya les es adverso. Esto podría traducirse en un aumento del silencio y la impunidad para los agresores.
El documento señala que «menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia», y que entre 2018 y julio de 2023, de más de 800,000 casos evaluados, solo se emitieron 354 sentencias. En lugar de cuestionar las deficiencias del sistema judicial en garantizar la justicia para las víctimas, el proyecto se enfoca en la supuesta falsedad de las denuncias, desviando la atención de la verdadera problemática de la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres.
La propuesta legislativa afirma que la «sola palabra de una mujer es considerada una ‘presentencia’», lo cual desvirtúa la realidad de muchas víctimas que enfrentan escepticismo y revictimización al denunciar. Al poner el foco en la «denuncia falsa», se podría fomentar una desconfianza generalizada hacia todas las denuncias de violencia de género, llevando a un mayor escrutinio y dificultando la obtención de protección urgentes, cruciales para la seguridad de mujeres y mujeres trans.
Expertos en género señalan que, lejos de corregir un problema, esta ley podría institucionalizar una «violencia legal contra el hombre”, pero en la práctica, su impacto recaería desproporcionadamente en las mujeres y mujeres trans, quienes ya son el grupo más vulnerable a la violencia y el principal usuario de estas leyes de protección. La iniciativa plantea una preocupación fundamental sobre cómo el Poder Judicial peruano y sus operadores, a los que el mismo proyecto atribuye «actitud cómplice o indiferente» , manejarán estas acusaciones, pudiendo generar un clima de mayor discriminación y obstaculizando aún más el acceso a una justicia efectiva para quienes realmente la necesitan, dejando en la oscuridad a las mujeres en su diversidad.
Perú sigue siendo un campo de batalla para los derechos de la comunidad trans, y una de las aristas más dolorosas de esta lucha se manifiesta en la aplicación de la Ley de Indemnidad Sexual. A pesar de los avances en el reconocimiento de la diversidad, la interpretación y aplicación de esta normativa sigue dejando a las mujeres trans en un limbo legal y social, perpetuando la discriminación y la desprotección. En este contexto, organizaciones como Casa Trans Zuleymi emergen como pilares fundamentales en la defensa y acompañamiento de quienes son víctimas de este sistema.
La Ley de Indemnidad Sexual, diseñada para proteger a menores de edad de abusos sexuales, se ha convertido, paradójicamente, en una herramienta de doble filo para la población trans. La ausencia de un reconocimiento legal claro de la identidad de género en Perú genera que, en muchos casos, las mujeres trans sean clasificadas legalmente según su sexo asignado al nacer. Esto tiene consecuencias devastadoras: cuando una mujer trans es víctima de agresión física, la ley a menudo no la reconoce como mujer, desestimando la agresión bajo preceptos que no contemplan su identidad de género auto percibida. El resultado es la impunidad para los agresores y la revictimización para las sobrevivientes.
«Es una realidad lacerante», afirma con vehemencia Alejandra Fang , reconocida activista de Casa Trans Zuleymi. «Hemos visto casos donde mujeres trans adultas, agredidas sexualmente, son clasificadas legalmente como ‘hombres’ o ‘transgénero’ y, por lo tanto, no entran en las categorías de protección que la ley debería brindarles como mujeres. Esto no solo es una burla a su identidad, sino que las deja completamente desprotegidas, sin acceso a la justicia que merecen».
Casa Trans Zuleymi, una organización que ha trabajado incansablemente desde hace años por los derechos de la población trans en Perú, se ha convertido en una clave de referencia en el acompañamiento de estas mujeres. Su labor abarca desde el apoyo psicológico y legal, hasta la incidencia política para visibilizar estas falencias en la legislación.
«Nuestro trabajo es integral», explica Miluska Luzquiños , otra destacada activista y fundadora de Casa Trans Zuleymi. «Desde el primer momento en que una mujer trans se acerca con una denuncia de agresión física, la acompañamos en todo el proceso. Esto incluye la asesoría legal para intentar navegar un sistema que muchas veces no entiende o no quiere entender su realidad, el soporte emocional fundamental para afrontar el trauma, y la derivación a redes de apoyo para su recuperación. Pero, más allá de la respuesta a la emergencia, nuestra meta es incidir para que el Estado peruano reconozca plenamente la identidad de género y adecúe sus leyes para proteger a todas las personas, sin importar su identidad».
Legitimando la Transfobia Institucional
La discriminación no se limita únicamente a la interpretación legal de la agresión física . La transfobia arraigada en la sociedad peruana se manifiesta en la dificultad para acceder a servicios básicos, en la violencia estructural y en la estigmatización constante. Un claro ejemplo de esta discriminación se ve reflejado en la aplicación de normativas como el Artículo 5 de la ley N°32331, el cual establece que «el uso de baños públicos debe registrarse según el sexo biológico» y prohíbe el ingreso y uso de servicios sanitarios públicos a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el servicio. Esta interpretación restrictiva genera situaciones de discriminación flagrante para las mujeres trans, afectando su dignidad y seguridad en espacios cotidianos y, de facto, criminalizando el uso de baños acordes a su identidad de género. La Ley de Identidad de Género, un proyecto largamente esperado, sigue siendo una promesa incumplida en el Congreso peruano, lo que agudiza la vulnerabilidad de las mujeres trans.
«No podemos seguir esperando», sentencia Alejandra Fang . «Cada día que pasa sin una ley de identidad de género y sin una adecuación de las normativas existentes, más mujeres trans son revictimizadas y desprotegidas. La Ley N° 32331 es solo un ejemplo de cómo la falta de reconocimiento legal de nuestra identidad nos deja en una posición de extrema vulnerabilidad. Las barreras en el uso de baños públicos, producto de esta ley, son un recordatorio constante de que no somos reconocidos como quienes somos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades peruanas a escuchar nuestras voces y actuar. La justicia y la protección no pueden ser privilegios, deben ser derechos para todas y todos».
El caso de la Ley N° 32331 y la discriminación a mujeres trans en Perú es un claro recordatorio de que los avances legales en materia de derechos humanos deben ir acompañados de una transformación cultural profunda y de un reconocimiento genuino de la diversidad. La labor incansable de organizaciones como Casa Trans Zuleymi es un faro de esperanza en esta lucha, pero la responsabilidad de garantizar la igualdad y la justicia recae, en última instancia, en el Estado peruano.
Este domingo 19 de noviembre se realiza el balotaje para la elección del próximo presidente en Argentina, y esta es claramente una elección que viene a movilizar la necesidad de militar un voto que cuide la democracia.
El 12 de octubre la Universidad de la República se declaró ANTIRRACISTA.
La Sala Maggiolo de la Facultad de Derecho, fue el escenario elegido donde el Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, conjuntamente con el rector de la Universidad de la República, (UdelaR) Rodrigo Arim, profesores universitarios, familia y amigos presentaron la declaración del Consejo del 5 de septiembre de 2023:
“Declarase la Universidad de la República como una Universidad Antirracista, ratificado su intención de construir una institución universitaria, que combata todas sus formas de racismo y discriminación sistémica.
Esta declaración se une a la serie de acciones que tanto la población afrodescendiente como la propia Udelar llevan adelante en la mejora de nuestra sociedad.
Se hace explícita para la población afrodescendiente que encuentra en la Universidad un aliado en la lucha contra el racismo y asegura, tanto para las generaciones actuales como para las futuras un espacio universitario más justo, inclusivo y democrático”.
Conversamos con la médica y pediatra, Alicia Esquivel, egresada de la Udelar
y el estudiante Federico Pérez, para visualizar como imaginan una Universidad Antirracista.
¿Puede una institución colonial como la universidad declararse antirracista sin revisar sus espacios, sus prácticas y sus formas de avalar el conocimiento el arte y la cultura?
AE: Creo que es un debe de la Udelar. A nivel país nos damos un reconocimiento de la historicidad del racismo y la discriminación racial y como ha operado a nivel del colectivo afro. Una vez que reconocemos ¿qué vamos a hacer con esto?
Nos quedamos con el reconocimiento y decimos que hay que tomar una serie de acciones: La reparación es un proceso y como se dijo el 12 de octubre, esto es un hito, es un momento en el cual nosotros nos planteamos que somos antirracista.
Primero hay que plantear que es el racismo, reconocer el racismo estructural y el racismo institucional. Es derribar los muros de la meritocracia, aceptar que hay otros haberes y saberes en el mundo, que no es solamente Europa, o incluso los Estados Unidos los generadores de conocimiento. Vamos a tener que necesariamente mirar otras bibliotecas y bibliografía para los diversos temas que toma la Universidad. Y en esa situación están los conocimientos afrocentrados, pero también conocimientos dos que tienen que ver con las personas originarias de Latinoamérica, con quienes también nos encontramos. Así vamos a tener una riqueza muy grande. El tema es que también estos lugares, son lugares de disputa de poder. Y las personas que hemos sido discriminadas, sabemos lo que significa cuando pedimos nuestros derechos, por eso estamos en lugares de disputa de poder.
La cultura es todo y el conocimiento abarca el arte y la cultura. La negación que se ha hecho del aporte que han tenido los africanos y los afrodescendientes al país ha sido brutal. Tiene que ver con los círculos de la opresión. No está mal que digamos que incluso se han apropiado de nuestra cultura y de nuestros aportes a la sociedad. Hay investigaciones que demuestran todo el aporte que trajeron las personas africanas, si pensamos como fueron contingentes de los europeos que vinieron a habitar el país.
FP: Creo que es imposible, creo que la Udelar en su compromiso de búsqueda de igualdad y reparación histórica de los colectivos históricamente silenciados, como la comunidad afrodescendiente o los pueblos nativos el Uruguay. Debe transitar un proceso de revisión de sus prácticas institucionales: a nivel educativo, investigativo, ético, estético y en varias dimensiones. Para esto, es necesario partir desde un pensamiento netamente decolonial e interseccional. Entre otras cosas, incorporando perspectivas afrocentradas o la cosmovisión de los pueblos nativos. Ese proceso tiene que poner en cuestión todas las dimensiones que se presentan en la vida universitaria, en el día a día.
Viendo a la educación como una forma de movilidad social y transformación de nuestras vidas. ¿Cómo imaginas una nueva universidad? ¿Es esto transformación educativa?
AE: Imagino a la Universidad poblada, pero no sólo con un 8% de universitarios a nivel de estudiantes docentes y administrativos, porque para poder resolver esa desigualdad tenemos que ser muchísimos más. Yo me imagino una Universidad poblada de compañeros y compañeras, con nuestros hijos y nietos dentro de la Universidad, con compañeros y compañeras con identidad afro, llevando toda la impronta y los saberes adquiridos por nuestra propia historia y trabajando en conjunto con lo que ya existe. Pero cuando hablamos de la transformación educativa tiene que venir de antes, tiene que venir desde la época preescolar.
En donde la otredad desaparezca y realmente en tema de racismo no haya nadie subalterno al otro. No haya elementos asistenciales ni infantilismo. Trabajar estos temas requiere entonces una serie de elementos -políticas públicas- que deben ser mantenidas, sostenidas y monitoreadas por la sociedad civil. Fomentando las buenas prácticas y generando elementos punitivos, cuando sean dañinas las prácticas que se realizan hacia los diferentes colectivos.
FP: Una Universidad que se declara antirracista y no queda en lo meramente decorativo, que tiene una actitud práctica y transformadora de las desigualdades presentes en nuestra sociedad. Necesita tener becas, elaborar acciones formativas lo que sea necesario para incluir y hace partícipe del cambio a las poblaciones.
Este cambio se puede dar en dos sentidos, ya sea para superar la brecha educativa que sufre la población afrouruguaya, que está subrepresentada en el estudiantado Udelar, como para incorporar miradas afrocentradas en investigación y extensión.
Si son pocas las personas que son estudiantes afrodescendientes, son mucho menos los investigadores e investigadoras afrodescendientes.
Muchas veces las instituciones educativas son el primer espacio en donde podemos identificar las prácticas racistas de nuestra sociedad. Ya sea porque nos tocó cruzarnos con algún compañero/a o docente que ejerce el racismo, ya sea porque los planes de estudio no incluyen los aportes de la población afro a la construcción de la sociedad, lo siento es que somos varias las personas que aprendimos en la Escuela, el Liceo o la Universidad a disociar para sobrevivir. Y a entender que esas formas se van a repetir a lo largo de nuestra vida, hasta lograr identificarlas en el cuerpo, porque las lágrimas de otras épocas se convierten en un dolor en la barriga, o la sensación de peso en los hombros, que nos señalas que volvemos a pasar por el racismo. Y aun así no dejamos de imaginar las formas de combatirlo.
Las puertas de cristal muchas veces dan la apariencia de no existir, de no cerrar el acceso a instituciones o derechos. Pero si en estos espacios que sostienen el ideal de cultura como lo que es generado por el hombre blanco heterosexual, y que hoy suma la otredad para generar réditos académicos, podemos sentarnos en mesa redonda a soñar con un futuro sin racismo y emocionarnos cuando nos vemos a los ojos, estamos en el camino correcto.
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Alicia Esquivel: vicepresidenta de UAFRO (Universitarias/os, Técnicas/os e Investigadoras/es Afro-Uruguayas/o), médica pediatra, con maestría en homeopatía y políticas públicas y genero. Actualmente integra la Comisión asesora en temas de presidencia del frente amplio en temas de condescendencia y antirracismo. Forma parte del Comité académico del diplomado en afrodescendencia y políticas públicas.
Federico Pérez Cespedes: 36años. Licenciado en comunicación, ingresó a la Udelar en 2006, actualmente estudiante de abogacía en Facultad de Derecho. Íntegro varios espacios de la Universidad de la República, colaborando de forma honoraria en proyectos de espacios de formación integral y grupos de investigación.
