Una pandemia es un problema colectivo por definición. La forma en que cada persona adquiere y transmite el virus no es un tema individual, cuestión de mala suerte o irresponsabilidad. La famosa “libertad responsable”, promovida por el gobierno, no alcanza cuando perdemos de vista la perspectiva colectiva, y por lo tanto política, de la pandemia.
Uno de los aspectos más políticos de este problema es el de las patentes. Estamos hablando del derecho de propiedad sobre cómo se fabrican los productos farmacéuticos que hacen falta para tratar y prevenir la enfermedad.
Las vacunas y los medicamentos para el covid-19 son el resultado de esfuerzos colectivos de una escala impresionante. La investigación se basa en conocimientos desarrollados por generaciones de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, involucra a miles de personas voluntarias y se financia en gran medida con fondos públicos. Pero cuando todo esto se refleja en el producto farmacéutico, lo que vemos es propiedad privada. No solamente del producto en sí, sino del conocimiento. Las patentes son el candado que blinda estos conocimientos para que solamente los puedan usar, y obtener ganancias extraordinarias, un puñado de empresas en el mundo. Ni que hablar que, una vez disponible la vacuna o tratamiento, también se administran mayormente a través de la salud pública y son nuevamente fondos públicos los que pagan la cuenta.
Sin embargo, desde la ley de Presupuesto de 2020 y ahora con la Rendición de Cuentas de 2021, el gobierno uruguayo está volviendo más duro el régimen privatizador de las patentes para dar más ventajas a las farmacéuticas multinacionales. En 2020 se legisló para cambiar la forma en que se consigue una patente. Ahora los laboratorios pueden perseguir a quienes hayan usado sus conocimientos patentados aún cuando todavía la patente no se aprobó. Es decir, la patente abarca el período desde que se solicita, y ya no únicamente desde que se aprueba y se adjudica. La industria nacional de medicamentos tiene una excepción y puede trabajar sobre conocimiento todavía no patentado aunque esté en proceso una solicitud, sin riesgo de cometer una infracción. Pero esta excepción se quiere eliminar con la Rendición de Cuentas 2021.
En plena pandemia, después de una ola violentísima en Uruguay que recién ahora está empezando a estar bajo control, el gobierno cree que es buena idea endurecer aún más las patentes de medicamentos y favorecer a las multinacionales, de las que hoy dependemos en el combate al coronavirus. Y esto, totalmente a contramano del clamor mundial. Clamor que Uruguay no acompaña y, lejos de eso, permanece en un ominoso silencio frente a la iniciativa de decenas de países que están apoyando la suspensión temporal de patentes en la Organización Mundial del Comercio para enfrentar la pandemia. Como lo explican desde Médicos Sin Fronteras: “La eliminación de las incertidumbres legales mediante la adopción de la exención de los ADPIC y la transferencia de tecnología por parte de las corporaciones farmacéuticas puede permitir a los fabricantes de países de ingresos bajos y medios aumentar la producción y el suministro de las herramientas médicas contra el COVID-19.”
En cambio, el actual gobierno prefiere favorecer la propiedad privada y el poder concentrado de pocos actores colocando, una vez más, la protección de la ganancia sobre la protección de la vida. Y todo esto, cuando las nuevas variantes de preocupación están causando otra ola de contagios en el mundo y ya llegaron a Uruguay. El endurecimiento de las patentes no es la respuesta más oportuna. Al contrario, profundiza las brechas de acceso a vacunas y tratamientos que podrían salvar miles de vidas.
Este reto colectivo inédito que es la pandemia requiere ampliar la capacidad para estudiar, desarrollar, compartir y aplicar conocimiento en redes internacionales de solidaridad y mediante trabajo colaborativo de una escala global. Las epidemias y pandemias, desde siempre, nos interpelan desde lo colectivo. Se hace más claro que nunca que el conocimiento científico es un bien común que no se puede separar de la salud pública y que el cuidado es colectivo y es político, o no es.
¡La pandemia no se termina, hasta que termine para todas las personas!
Foto: Vacunación para prevenir el covid-19 en Uruguay. Por Mariana Fossatti. CC BY-SA.
