Perú sigue siendo un campo de batalla para los derechos de la comunidad trans, y una de las aristas más dolorosas de esta lucha se manifiesta en la aplicación de la Ley de Indemnidad Sexual. A pesar de los avances en el reconocimiento de la diversidad, la interpretación y aplicación de esta normativa sigue dejando a las mujeres trans en un limbo legal y social, perpetuando la discriminación y la desprotección. En este contexto, organizaciones como Casa Trans Zuleymi emergen como pilares fundamentales en la defensa y acompañamiento de quienes son víctimas de este sistema.
La Ley de Indemnidad Sexual, diseñada para proteger a menores de edad de abusos sexuales, se ha convertido, paradójicamente, en una herramienta de doble filo para la población trans. La ausencia de un reconocimiento legal claro de la identidad de género en Perú genera que, en muchos casos, las mujeres trans sean clasificadas legalmente según su sexo asignado al nacer. Esto tiene consecuencias devastadoras: cuando una mujer trans es víctima de agresión física, la ley a menudo no la reconoce como mujer, desestimando la agresión bajo preceptos que no contemplan su identidad de género auto percibida. El resultado es la impunidad para los agresores y la revictimización para las sobrevivientes.
«Es una realidad lacerante», afirma con vehemencia Alejandra Fang , reconocida activista de Casa Trans Zuleymi. «Hemos visto casos donde mujeres trans adultas, agredidas sexualmente, son clasificadas legalmente como ‘hombres’ o ‘transgénero’ y, por lo tanto, no entran en las categorías de protección que la ley debería brindarles como mujeres. Esto no solo es una burla a su identidad, sino que las deja completamente desprotegidas, sin acceso a la justicia que merecen».
Casa Trans Zuleymi, una organización que ha trabajado incansablemente desde hace años por los derechos de la población trans en Perú, se ha convertido en una clave de referencia en el acompañamiento de estas mujeres. Su labor abarca desde el apoyo psicológico y legal, hasta la incidencia política para visibilizar estas falencias en la legislación.
«Nuestro trabajo es integral», explica Miluska Luzquiños , otra destacada activista y fundadora de Casa Trans Zuleymi. «Desde el primer momento en que una mujer trans se acerca con una denuncia de agresión física, la acompañamos en todo el proceso. Esto incluye la asesoría legal para intentar navegar un sistema que muchas veces no entiende o no quiere entender su realidad, el soporte emocional fundamental para afrontar el trauma, y la derivación a redes de apoyo para su recuperación. Pero, más allá de la respuesta a la emergencia, nuestra meta es incidir para que el Estado peruano reconozca plenamente la identidad de género y adecúe sus leyes para proteger a todas las personas, sin importar su identidad».
Legitimando la Transfobia Institucional
La discriminación no se limita únicamente a la interpretación legal de la agresión física . La transfobia arraigada en la sociedad peruana se manifiesta en la dificultad para acceder a servicios básicos, en la violencia estructural y en la estigmatización constante.
Un claro ejemplo de esta discriminación se ve reflejado en la aplicación de normativas como el Artículo 5 de la ley N°32331, el cual establece que «el uso de baños públicos debe registrarse según el sexo biológico» y prohíbe el ingreso y uso de servicios sanitarios públicos a toda persona cuyo sexo biológico no coincida con el sexo para el cual se ha destinado el servicio. Esta interpretación restrictiva genera situaciones de discriminación flagrante para las mujeres trans, afectando su dignidad y seguridad en espacios cotidianos y, de facto, criminalizando el uso de baños acordes a su identidad de género. La Ley de Identidad de Género, un proyecto largamente esperado, sigue siendo una promesa incumplida en el Congreso peruano, lo que agudiza la vulnerabilidad de las mujeres trans.
«No podemos seguir esperando», sentencia Alejandra Fang . «Cada día que pasa sin una ley de identidad de género y sin una adecuación de las normativas existentes, más mujeres trans son revictimizadas y desprotegidas. La Ley N° 32331 es solo un ejemplo de cómo la falta de reconocimiento legal de nuestra identidad nos deja en una posición de extrema vulnerabilidad. Las barreras en el uso de baños públicos, producto de esta ley, son un recordatorio constante de que no somos reconocidos como quienes somos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades peruanas a escuchar nuestras voces y actuar. La justicia y la protección no pueden ser privilegios, deben ser derechos para todas y todos».
El caso de la Ley N° 32331 y la discriminación a mujeres trans en Perú es un claro recordatorio de que los avances legales en materia de derechos humanos deben ir acompañados de una transformación cultural profunda y de un reconocimiento genuino de la diversidad. La labor incansable de organizaciones como Casa Trans Zuleymi es un faro de esperanza en esta lucha, pero la responsabilidad de garantizar la igualdad y la justicia recae, en última instancia, en el Estado peruano.
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